El Palacio de Justicia entre la retórica y la historia (página 2)

Por esta última la justicia colombiana condenó al coronel Alfonso Plazas vega a 30 años de prisión, al general Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años d cárcel, y está pendiente el fallo contra el ex coronel Edilberto Sánchez Pubiano"[22].

Si el mismo Estado en su "sin razón de Estado" plantea una defensa que desconoce fallos judiciales internos entra en una flagrante contradicción de antijuricidad porque es una parte del Estado, el ejecutivo, que en contra del poder judicial de Colombia entra a desconocer las investigaciones y las decisiones de los jueces. Esto crea la plena prueba que en el caso de las víctimas de violación de los Derechos Humanos, que en Colombia no son pocas, en tratándose de casos donde hay en juego delitos de lesa humanidad, la única posibilidad que tienen las víctimas y sus familias es acudir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.

El Estado colombiano que permitió la masacre del Palacio de Justicia y cuyos agentes torturaron, asesinaron y desaparecieron a las victimas hoy nuevamente desconoce el derecho de las familias a que haya verdad, justicia y reparación, esto muestra que 28 años después los delitos de lesa humanidad de Estado siguen vigentes, se están perpetrando, continúan en desarrollo bajo la racionalidad de un Estado supremamente fuerte para la violencia y el odio pero muy débil para la justicia y la reconciliación sobre el principio de verdad, justicia y reparación para las víctimas. En Colombia la razón de Estado premia a los victimarios e ignora a las víctimas cuando por no desairar el poder militar el establecimiento es blandengue o incapaz de judicializar a los responsables.

Medio fin para llegar a los hechos, al momentum de la historia

Es gracias a la reconstrucción procesal, a la perspectiva que da el paso del tiempo, a la historiografía de los relatos codificados en imágenes auditivas y visuales, a la bibliografía novelada[23]y a la crónica periodística que se tiene una perspectiva matizada por quienes han leído estos materiales, lo que otorga un exceso de visión que consiste en saber diferentes versiones en un contexto de antes y después de los hechos; las fuentes primarias para acercarse a los hechos son los expedientes judiciales, las dos sentencias condenatorias de dos de los actores castrenses principales, el General Jesús Armando Arias Cabrales condenado por 11 desaparecidos y el Coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por 2 desaparecidos.

Pero también se tuvo acceso a los procesos abiertos contra otros altos oficiales, como el del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano. Estos procesos han tenido un polémico testigo unas veces en contra y otras a favor, el famoso Cabo Edgar Villamizar[24]que se ha retractado y que un dictamen pericial certificó que en uno de sus testimonios, su firma si es su firma y por ende no fue suplantado.

"El testimonio de Villamizar que está en el expediente, entregado a la Fiscalía en el 2007, da cuenta de que el 7 de noviembre de 1985 alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacían con las personas que estaban vivas y que la respuesta fue: "Cuelguen a esos hijueputas". [25]

Por eso no se invalida la teoría del caso ni la prueba testimonial que eran los argumentos de la defensa técnica del Sr. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y parte de la argumentación de absolución del Procurador Dr. Alejandro Ordoñez en favor del sentenciado coronel. Por eso quedaron en firme las argumentaciones de la fiscal Ángela Buitrago que acusó al coronel Plazas Vega y que finalmente derivó a que una jueza lo condenara a 30 años de prisión. Sentencia que hoy, a 6 de agosto de 2013 se quiere revertir a toda costa.

Se está en éste recuento de los hechos ante un ejercicio intelectual que es un proceso epistemológico referido a la sistematización, síntesis y abducción de múltiples fuentes de memoria. Que respecto al pasado produce la reconstrucción de los hechos. Lo que hace quien los interpreta es transformarlos en acontecimientos para poder referirse a ellos discursivamente, porque lo que finalmente está en juego es su significado para el presente y futuro de la sociedad colombiana.

El hecho como acontecimiento es lo que realmente es materia de reconstrucción e interpretación tanto jurídica como histórica. Los hechos en sí, son inasibles. Todo lo demás es producto de las racionalizaciones que asumen indicios, pruebas, testimonios, versiones encontradas, informes periciales, pruebas técnicas y aplican a ellos la sana crítica, la ideología, la carga emocional, la inducción, la deducción, la abducción, la imaginación dentro de lo probable y posible, lo primero dado el contexto cultural y social, lo segundo dentro de las leyes de la naturaleza.

El recuento de los hechos en éste capítulo no está hecho de manera narrativa lineal ni cronológica, tampoco es posible establecer una cronología minuto a minuto pese a los múltiples intentos procesales y periodísticos por lograrlo, dado las versiones encontradas en los procesos tanto judiciales como ,los de pretensión historiográfica de reconstruir los hechos de manera metódica lo más fielmente posible, por eso todas las horas son dentro de un margen de error que en ocasiones es sumamente difuso. Tampoco existe una diferencia marcada entre el recuento historiográfico y la teoría, porque sin problematizaciones y teorías no se investiga ni escribe la Historia.

No es posible quedarse en la narración exclusivamente de lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985 abstrayendo todo lo que ha pasado después y que guarda relación directa con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Existe una deuda histórica e historiográfica con la sociedad colombiana. Por eso es necesario ir más allá del mero aporte a la descripción del hecho sino a su comprensión para promover el otro paso fundamental que justifica realmente el estudio de la violencia social y política como los actos psicópatas de la violencia de Estado, encontrar una salida a la guerra que reivindique el derecho de las víctimas, que permita en la comprensión hallar el camino de la justicia, de la reconciliación y de la paz, como algo que se construye, se merece, se cuida. Es una necesidad interpretar el hecho a la luz del presente y los últimos 28 años de historia en Colombia.

Deliberadamente el autor de éste trabajo ha querido una triangulación de hechos, que propicie romper con los relatos lineales de orden argumentativo propios de la descriptiva judicial y de la crónica periodística, los dos géneros que principalmente se han ocupado del tema y éste trabajo en éste largo capítulo es una aproximación a ellos desde una asociación de temas, de problemas, de hipótesis de interpretación, por eso en muchos aspectos la narración se hace reiterativa, se tratan cosas ya mencionadas para establecer otras relaciones que el relato lineal no permite hacer y se traen hechos que no son propiamente del 6 y 7 de Noviembre de 1985 dado que la propuesta de interpretación desde la imaginación historiográfica[26]es que el Holocausto del Palacio de Justicia es un hecho histórico que permite leer la historia contemporánea de Colombia en los últimos 28 años, una historia en que ha prevalecido el mal sobre el bien y los malos hijos de Colombia se han lucrado y solazado en la violencia que controlan como una máquina de muerte que pone un caudal de dólares en sus manos y les posiciona en el poder incluyendo el manejo del Estado y de lo público.

Pero es justo además decir que desde los Derechos Humanos de las víctimas y sus familias, hasta que no se resuelva el misterio de los desaparecidos o mientras continúen desaparecidos, todos los días Colombia se despierta y duerme con los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en una situación de tracto continúo. Sobre la nueva edificación impulsada para borrar de la memoria lo que allí pasó sigue sucediendo minuto a minuto los hechos que empezaron hace casi 28 años pero que aún no concluyen, la tragedia del Palacio de Justicia es algo que está en curso, no es un recuerdo.

La sociedad civil debe enseñarle a los victimarios del pasado, del presente y del futuro que desaparecer personas no es negocio porque ellos lejos de ser borrados se instalan en la memoria colectiva, están más presentes que si vivieran sus vidas normales, cualquiera de las personas comunes que ha sido víctima de la violencia de Estado podría bien vivir una vida anónima e impersonal en el maremágnum de situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, históricas, sin ningún protagonismo. Pero a partir del acto insensato de borrarla, de silenciarla, de desaparecerla para siempre es que esa persona simple y común como cualquier otra persona se inserta en el imaginario colectivo que clama justicia.

Si alguien quiere suprimir al enemigo de forma permanente no debería optar por desparecerlo y silenciar a quienes preguntan por él. Muchos menos actuar como si no hubiera pasado nada otorgando premios y condecoraciones a los presuntos victimarios. La inteligencia de los organismos de guerra y represión debería obrar de forma inteligente, estratégica empezando por no convertir al enemigo en mártir, en no darle a nadie estatus de víctima, de protagonista, no invocar los semas de la religión que relaciona una ejecución extrajudicial con un sacrificio, con el Redentor.

En volver lo que era apenas una persona común en una presencia continua desde la ausencia de su no estar estando. Porque ese vacío presente y continuo está permanentemente puesto en evidencia y es llenado por otros que tienen preguntas que se replican en muchas voces, -¿dónde está, qué le hicieron, por qué a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a dónde se llevaron a mi madre, a mi padre?- Lo que implica para la máquina que tortura y asesina en la clandestinidad la necesidad entonces de desparecer familias enteras, de no dejar deudos.

Esos que desaparecen personas deberían aprender que la tragedia une a las personas, les da una causa común, borra en un objetivo reconocido único sus pequeñas diferencias y les hace fuertes. Los agentes que proceden así bajo el Leviatán de su propia codicia para defender la ambición de sus jefes político-militares deberían saber lo inútil de su esfuerzo. Para no repetirlo por simple y elemental lección, de que torturar y desaparecer termina siendo más contraproducente políticamente para el Estado y sus agentes, para las clases privilegiadas que protegen y por las que actúan para mantener sus privilegios en contradicción con la Carta Política, el ordenamiento legal que la desarrolla y el sentido común que la quiere ver realizada en la vida social.

La principal fuente historiográfica

El material audiovisual abundante producto fortuito no político, que fue captado por las cámaras de televisión, los micrófonos y grabadoras, junto a los zoom de las cámaras fotográficas. Estas fuentes primarias son las que permiten ser cotejadas con las diferentes versiones narrativas tanto legales como periodísticas e historiográficas.

Las grabaciones de las transmisiones de radio entre los jefes militares del operativo son el paisaje sonoro de la tragedia. En su momento nadie quiso asumirlas como evidencia. Se filtraron a cuenta gotas en muchos periódicos de Bogotá, del país e internacionalmente[27]con cierto interés que la información contextualizada, completa o en un sentido cronológico no llegara a ser conocida y comprendida, los medios fueron dando a conocer de manera parcial el contenido de las grabaciones y en muchas ocasiones resguardando la información para no divulgarla completa.

El periodista Manuel Vicente Peña Gómez conoció estas grabaciones de audio en sus originales, los cuales entregó al entonces Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Mauro Hoyos el 5 de Noviembre de 1986, para que fueran elevadas a la categoría de documentos públicos y se integraran a la investigación oficial sobre los hechos del Palacio de Justicia. Hizo uso de una transcripción que resume el operativo y que presentó en la primera edición, de noviembre de 1986, en su libro sobre los hechos del Palacio de Justicia, titulado "El Palacio de Justicia. Las Dos Tomas" y que en la 4ª edición actualizada en noviembre de 1991 publicó en sus apartes más significativos entre las páginas 111 a 172[28]

Con el paso de los años el periodista Herbin Hoyos Medina volvió a tener copias de esas grabaciones entregadas a él en Noviembre de 2007 por el radioaficionado Pablo Montaña que las había hecho los días 6 y 7 de Noviembre de 1985, el conocido periodista las dio a conocer en su programa "Las Voces del secuestro", como si se trataran de documentos inéditos nunca antes divulgados o aportados a las investigaciones como evidencia material probatoria.

En el más reciente libro en castellano sobre los hechos del Palacio de Justicia, "El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana" de la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan[29]obra que se puede calificar de indispensable para conocer el tema, porque su autora ha tenido no sólo acceso a información privilegiada de criminalística y análisis forenses sobre los hechos si no que cuenta con el valor y la independencia suficiente para divulgar esa información. Ella también retoma estas grabaciones y las usa para hacer una comparación con la narración de testigos directos que estuvieron dentro del edificio y en particular con los informes técnicos periciales de los forenses y expertos de criminalística, al igual que contó con el apoyo del ya fallecido periodista Manuel Vicente Peña para ubicar personas, materiales y fuentes.

El año en que inicia la guerra total en Colombia 1984

Fue el año siniestro que inauguró la violencia urbana y moderna del narcotráfico, la subversión y el paramilitarismo. Con el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla la noche del 30 de Abril de 1984 en Bogotá por orden del siniestro líder del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Se ha tratado esta guerra contemporánea en Colombia, de una historia sangrienta en desarrollo, que cumple 29 años de masacres, poco analizada, pese a que la gran mayoría de los colombianos adultos han sido testigos de ella y que muchos de sus episodios han sido llevados como entretenimiento mediante seriados, telenovelas, películas y reportajes que se centran en los aspectos externos del fenómeno social de los traquetos, sicarios, las niñas prepago, las excentricidades ostentosas de los narcotraficantes y los rituales de magia negra realizados por los paramilitares que nacieron de la financiación y alianza oculta entre miembros de la fuerza pública y el narcotráfico organizado.

La guerra en Colombia es muy compleja por el cruce de actores e intereses pero al mismo tiempo simple de clasificar porque su principal motivación es usar la fuerza y sobre todo el terror para hacerse al poder económico y político en fracciones de territorio, así poder controlar la fuerza de trabajo y las cadenas productivas tanto legales como ilegales. La lucha armada no tiene un sentido ideológico definido si alguna vez lo hubo indistinto y claro, ni busca consolidarse como una estrategia ideologizante y mucho menos después del fin de la Guerra Fría, tampoco quiere hacerse con el poder del Estado por una concepción política de lo que debe ser Estado ni de altruismo social, sino que lo hace por el control de los recursos materiales.

Un ejemplo de ello es que paradójicamente a la creación del MAS, -muerte a secuestradores-, por los narcotraficantes del Cartel de Medellín en 1981 para contratacar el secuestro de Martha Nieves Ochoa por el M19, éstos 20 años después llegarán a mutarse en los PEPES, el grupo paramilitar y terrorista de operación urbana que dará fin a Pablo Escobar el 2 de Diciembre de 1993 donde participan miembros de la DEA, la Fuerza Pública Colombiana y mercenarios del Cartel de Cali[30]Grupos que fueron el inicio de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia el bloque nodal del paramilitarismo que mediante masacres dominó tanto territorios estratégicos como al electorado y que aún en 2013 mantiene su presencia en los centros urbanos y rurales, controlando todos los negocios legales y criminales que muevan dinero, no importa si es el narcotráfico o la minería; las zonas de tolerancia; el contrabando, el microtráfico; las ventas ambulantes; la trata de personas; el robo de autos, el mercado negro de celulares y repuestos de vehículos; las oficinas de cobro y sicariato; los juegos de azar; la contratación fraudulenta, tanto la directa como la que se hace por licitaciones.

Todo lo que pueda ser lucrativo es un coto de caza para las bandas criminales, una mala herencia de las AUC que fueron tomando forma con el apoyo oficial de las Convivir, nacidas en el Dpto. de Antioquia en tiempos del Gobernador Dr. Álvaro Uribe Vélez en el periodo de (1995-1997) y posterior Presidente de Colombia en dos periodos seguidos desde el 2002 hasta el 2010.

Pocas personas en Colombia recuerdan estos hechos y muchos menos saben que son parte de una generación sobreviviente, porque la guerra de los últimos 28 años en Colombia ha sido una de las más sanguinarias del mundo por su enorme saldo de víctimas civiles y la sevicia y degradación con la que se ha actuado. Lo cual es una herencia fatal del Holocausto a la justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Conflicto es la palabra elegida de manera eufemística para no usar el significante guerra, que en tiempos más recientes tuvo entre sus actos, fechas y lugares más emblemáticos la reunión de San José de Ralito en el año 2001 para refundar la Patria con el apoyo militar de los herederos de los psicópatas hermanos Castaño, Fidel, Carlos y Vicente.

Salvatore Mancuso jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC citó y concitó a los representantes más destacados de la sociedad civil y la empresa privada nacional y multinacional, a los más prestantes voceros de los gremios económicos para contar con financiación, apoyo político y una sinergia institucional con entidades de seguridad nacional como el DAS y tener un control sobre el manejo de las investigaciones de la Fiscalía, ejerciendo en las cárceles del país una especie de repúblicas independientes bajo el control paramilitar, allí convergieron las personalidades más selectas, ricas y educadas del país a la orquestación de la infamia.

En las primeras incursiones del paramilitarismo en los Montes de María, en el Chocó, en el Urabá Antioqueño, en Boyacá, en el Magdalena Medio, en el Putumayo se asumió como símbolo de terror cercenar las manos de los hombres en edad de empuñar un arma en el presente o en el futuro; se decapitaban las víctimas y se obligaba bajo amenaza de muerte a que sus familiares jugarán partidos de futbol con ellas; se colgaban a la intemperie los cadáveres para que fueran el aviso insepulto del nuevo orden con el que se iba a refundar la patria invocando a Dios, la democracia, la defensa de las instituciones y un patriotismo tan ramplón como asesino. Las mujeres de todas las edades se convirtieron en trofeo de guerra y objeto de abuso sexual por parte de los grupos armados ilegales, siendo la sevicia paramilitar una exacerbada evocación de sus ancestros pájaros que en la década de los años 50´s escribieron con sangre y tortura la historia de Colombia.

Se habían consolidado personajes célebremente siniestros como el General Rito Alejo del Rio[31]en la zona del Urabá Antioqueño y municipios como San José de Apartadó. Las AUC[32]desde su fundación contaron con un número aún no determinado de congresistas y políticos muchos de la corriente Uribista pero otros de los partidos tradicionales que encontraron en la alianza paramilitar un mecanismo efectivo de control de la población en territorios sometidos bajo el terror de la tortura y ejecuciones con sevicia en plena plaza pública, métodos aplicados estratégicamente para obtener beneficios electorales y económicos, particularmente asociados a la gran minería, la ganadería, el control de la cadena productiva de la cocaína y la heroína, la especulación con la propiedad rural, el fortalecimiento del latifundio y explotar por el terror la mano de obra campesina en condición de esclavitud.

Dentro de la doctrina de la muerte que capitalizó la retoma del Palacio de Justicia, uno de los presuntos artífices de la violencia política, psicológica y estratégica ha sido el Dr. José Miguel Narváez[33]acusado públicamente como un posible perpetrador o autor intelectual de la muerte de cientos de personas, activistas de derechos humanos, líderes sindicales, representantes de grupos campesinos y entre ellos el periodista y humorista político Jaime Garzón asesinado el 13 de Agosto de 1999, el Dr. Narváez es un funcionario que como subdirector del DAS en la administración presidencial del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se desempeñó como asesor de inteligencia militar y profesor de estrategia e inteligencia en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Durante su paso por el DAS se le ha acusado de ser responsable de seguimientos e interceptaciones ilegales.

Y es uno entre muchos otros, que convirtieron el Holocausto del Palacio de Justicia en cátedra de guerra y formación de la cúpula militar colombiana y latinoamericana bajo la doctrina de que en la guerra contrainsurgente y por la ficción suprema de la seguridad nacional valen todas las formas de lucha y represión. Divulgando la tesis que los Derechos humanos son el caballito de batalla de los terroristas y sus aliados. Asumiendo como estrategia que en la guerra política y psicológica del terrorismo de Estado era necesario acallar la disidencia en los medios de comunicación y unificar los sobrevivientes en las voces lacayas del establecimiento, la estrategia de guerra fue y ha sido siempre, "matar, rematar, contramatar".

Lo novedoso e innovador después del Palacio de Justicia, desaparecer la evidencia y con el desarrollo de la electrónica y de las TICs, interceptar a amigos y enemigos para anticipar quienes se orientan por el mal camino de ir en contravía de la ultraderecha mafiosa, fascista, gamonal, que aumenta el latifundio, controla la contratación estatal, se lucra de la cadena productiva y de valor del narcotráfico, a la par que especula en la bolsa de valores y entrega en concesión la explotación minera y los recursos energéticos a las multinacionales.

El siguiente texto es un fragmento del documento elaborado con pretensiones de ser una nueva Constitución desde el auge del narco paramilitarismo:

< Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es nuestro desafío.

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a propender el logro y mantenimiento de la paz. Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, si no deber de todos.

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.[34]>

La relación entre mafias, fuerza pública y paramilitarismo es un hecho comprobado, no es una hipótesis de trabajo, una especulación producto de libres asociaciones. Una idea sin fundamento nacida de una bronca gratuita. Múltiples casos, como la masacre de Segovia en Antioquia el 11 de noviembre de 1988, el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, el aniquilamiento de la Unión patriótica desde 1986 y muchos hechos más de lesa humanidad lo confirman[35]Lo que no ha sido fácil es ponerle a eso nombres propios, obtener las pruebas y llevar a los responsables a enfrentar la justicia

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En la antesala de los hechos del Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985 probablemente existió una alianza entre fracciones de la Fuerza Pública y las mafias. Además existía una cúpula militar investigada por violación a los Derechos Humanos y declarada enemiga de la rama judicial que amenazaba sus prerrogativas e intereses. Los grupos subversivos veían en los nuevos ricos de la mafia una veta de recursos para su financiación, por medio de secuestros, extorsiones, cobro de peajes y seguridad en corredores bajo su control por donde circulaban insumos, materias primas y en general los productos y subproductos de la cadena productiva de la droga, la pasta de coca usada de base para producir cocaína.

El negocio del narcotráfico en Colombia a un nivel agroindustrial se inició en los años 70"s con la marihuana, siendo estratégica la región de la Guajira. Pero las exigencias del mercado en un negocio internacional que se mueve por la demanda desarrollaron la producción y distribución del clorhidrato de cocaína posteriormente la heroína y más recientemente se ha incursionado con las drogas sintéticas tipo anfetaminas.

La Rama Judicial del poder público era en todo sentido la "cenicienta" del Estado y una molesta piedra en el zapato para todos los corruptos, bandidos, violadores de los Derechos Humanos. Además encarnaba la enorme contradicción de administrar justicia legal donde siempre ha habido injusticia social, donde los poderosos hacen las leyes a la medida de sus intereses económicos y con fines de blindarse ante eventuales responsabilidades. Con una clase política y empresarial colombiana que desprecia al pueblo común. Lo que brinda profundas explicaciones psicológicas[36]e históricas de porque no le importa entregarle los recursos del país al capital extranjero. Una sociedad aletargada de futbol, cerveza y aguardiente, fiestas y ferias, con unos medios de comunicación al servicio del poder y una clase media académica indiferente a la realidad histórica y social, atesorando títulos y premios y por ende cuidándose de comprometerse con el análisis transformante de la realidad.

A comienzos de 1985, el Consejo de Estado recibió un texto intimidatorio que se titulaba "Réquiem para el Consejo de Estado" y que decía así:

"Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres estos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado –fallo- no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso"[37].

La sede de las Altas Cortes en 1985 antes del holocausto

La utilización de la palabra palacio para una sede gubernamental, una entidad pública o una organización de reconocido poder, es una herencia colonial. El Palacio de Justicia en el que sucedió el Holocausto era una edificación diseñada en los primeros años de la década del 60, por el arquitecto Roberto Londoño y se terminó en 1975, estuvo ubicada en un área de asentamiento aproximada de 100 m2, -el área construida era mucho mayor por ser un edificio de 4 niveles y un sótano-. Localizado entre las calles 11 y 12 según nomenclatura centro, en pleno corazón de Bogotá. La calle 11 interrumpida por la Plaza de Bolívar marcaba el sur del edificio, y la calle 12 el norte del mismo. La entrada del parqueadero quedaba sobre la calle 12, más cerca de la carrera octava.- Por allí irrumpió el 6 de Noviembre de 1985 a las 11:30 am el grueso de la tropa armada de los guerrilleros del M19.

Lo hicieron asesinando a los dos vigilantes que prestaban vigilancia al parqueadero, encontraron que el complejo centro que albergaba la rama judicial estaba oportunamente desprotegido. Se trataba del sector noroccidental de la edificación y sobre esta estructura estaban las escaleras y los baños. Allí fue donde se libró la arremetida final del ejército contra guerrilleros, sin que importaran los rehenes, el 7 de Noviembre de 1985, más de 60 personas estuvieron hacinadas en un baño, entre el 2º y 3er piso, recibiendo un ataque de artillería por parte del ejército, inadmisible si la misión hubiera sido liberar a las personas retenidas sin causarles daño.

Foto No. 1 Palacio de Justicia en construcción

Fuente: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/jpg/37.JPG

Foto No. 2 Perspectiva desde satélite de la Plaza de Bolívar y del Palacio de Justicia antes del 6 y 7 de Noviembre de 1985

Fuente: http://www.viajesyfotos.net/satelite/colombia.htm

"La imagen de satélite está centrada en la Plaza de Bolívar, corazón de la Bogotá histórica, en torno a la cual se puede ver algunos de los principales edificios de la ciudad: al norte el Palacio de Justicia destruido el 6 y 7 de Noviembre de 1985, al sur el Capitolio Nacional, al oriente la Catedral Primada de Colombia, la Casa del cabildo eclesiástico, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal y al occidente la Alcaldía Mayor de Bogotá"[38].

Foto No. 3 Palacio de Justicia antes del 6 y 7 de Noviembre 1985

Fuente: http://www.museonacional.gov.co/inbox/files/docs/unahistoriaquenoseacaba.pdf

Su imponente fachada, corresponde al sur del edificio, delineaba el costado norte del marco de la Plaza de Bolívar, de frente a una distancia de 100 m, justo en el costado sur tomando como marco a la Plaza de Bolívar estaba el Capitolio Nacional, sede deliberativa del Congreso bicameral colombiano y sobre la carrera séptima, detrás del capitolio al suroriente pasando el histórico Colegio san Bartolomé, a unos 200 metros del Palacio de Justicia estaba la Casa de Nariño donde reside el Presidente de la República. Al occidente de la plaza se alzaba el edificio Liévano que sirve de sede a la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el costado oriental de la plaza, la Catedral primada de Colombia y al Palacio Arzobispal. En la esquina de la calle 11 con carrera 7ª, de frente a la esquina sur oriental del palacio estaba la casa Museo del 20 de Julio, puesto de Comando avanzado durante la operación de retoma que duró 27 horas, más la horas sumadas a la operación de desaparecer las pruebas y la evidencia, alterando la escena del múltiple crimen.

El Palacio de Justicia en 1985 era parte de esas cinco edificaciones emblemáticas ya mencionadas que constituyen el centro del país, la representación del poder político y eclesial, la sede de las ramas del poder público en su encarnación humana, el Km 0 de donde teóricamente surgen todas las distancias terrestres que trazan el territorio colombiano, la plaza de Bolívar de Bogotá.

En la actualidad 2013, el nuevo palacio de Justicia ocupa el mismo lugar que tuvo el destruido, conserva los linderos descritos y en lo que fuera el fatídico baño de la masacre en la zona noroccidental del edificio hay un oratorio y placas emblemáticas de lo que fue un genocidio.

Foto No. 4 Capitolio Nacional, costado sur de la Plaza de Bolívar, visto desde el frente del Palacio de Justicia

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=840454&page=3

Foto No. 5 Catedral primada y extremo derecho parte palacio arzobispal, vistos desde la Plaza de Bolívar.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=51345347&postcount=1172

Foto No. 6 Capilla del Sagrario y Palacio Arzobispal, carrera 7ª con calle 10ª

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=51345347&postcount=1172

Foto No. 7 Nuevo Palacio de Justicia visto desde la Cra. 8ª tomando en perspectiva la Plaza de Bolívar desde el andén del Edificio Liévano.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=51345347&postcount=1172

Foto No. 8 Carrera 8va, fachada Edificio Liévano, lado occidental del Palacio de Justicia, edificio nuevo

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=51345347&postcount=1172

Foto No. 9 Esquina carrera séptima a izquierda Colegio San Bartolomé y a la derecha costado oriental del Capitolio Nacional.

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=51345347&postcount=1172

El Palacio de Justicia contaba con un sótano y cuatro niveles levantados en forma de herradura con un sentido norte a sur si el espectador se situaba de frente a la construcción por el lado interior de la fachada. Pero quien se situaba externo al edificio veía una construcción cerrada, formada alrededor por altas paredes de concreto forradas en placas de mármol que le daba un color amarilloso característico de piedra. Contaba con dos áreas internas, bajo techo, no visibles externamente, de circulación pública claramente establecidas por escaleras principales tendidas con descansos en los entrepisos, unas en el ala nororiental colindante con la carrera 7ª y las otras sobre el ala noroccidental limitando con la carrera 8ª.

En el centro de la edificación, el primer nivel se encontraba una especie de plaza interna que se comunicaba con la entrada principal del palacio que quedaba de frente a la Plaza de Bolívar, esta fachada era un especie de muralla que hacía del lugar una modernista estructura con vestigios neoclásicos y fortificada al estilo medieval, irrumpiendo en el estilo arquitectónico republicano del sector. La mayor parte utilitaria y ocupable de la edificación estaba concentrada al norte del complejo construido, formándose una especie de U, tenía por niveles corredores de oficinas paralelos a la calle 12.

La edificación solamente contaba con dos entradas: el sótano al noroccidente y la entrada principal que lindaba con el marco de la Plaza de Bolívar, al sur de la edificación, por eso bastó apenas superar una rampa de escaleras de piedra no pronunciada en su ángulo de altura para penetrar al palacio derrumbando la puerta de bronce de la entrada, lo que facilitó la estrategia de retoma por medio de los vehículos blindados de la Escuela de Caballería a orden de la Brigada XIII del Ejército.

El 5 de noviembre de 1985

Según el expediente de sentencia del Sr. General Jesús Armando Arias Cabrales por los desaparecidos del Palacio de Justicia[39]la Brigada XIII había empezado maniobras tácticas previas a la toma, el 5 de Noviembre bajo el denominado Plan Escorpión lo cual es un indicio no un hecho plenamente probado en la búsqueda de la verdad procesal, de una presunta responsabilidad de la propia Fuerza Pública en la toma del Palacio de Justicia al estar esperando la toma guerrillera y haber entonces desprotegido deliberadamente el Palacio de Justicia con el fin de tenderle una trampa a la insurgencia dado que conocían previamente lo planes de la toma por parte del M19. Testimonios posteriores y dados a conocer por medios periodísticos apuntalan tal teoría[40]

Pero las maniobras previas, la preparación de los vehículos blindados y el acuartelamiento de primer grado pudo haber sido coincidente y no directamente relacionado de manera causa–efecto con la puesta en marcha del Plan Tricolor[41]por el entonces Coronel Luis Carlos Sadovnik segundo Comandante de la Brigada XIII responsable de la seguridad de Bogotá D.C. quien fuera el oficial que de manera inmediata dio respuesta al hecho de la toma del Palacio de Justicia el 6 de Noviembre de 1985 entre las 11:130 y 11:40 m de ese funesto día. A partir del cual en la guerra fratricida no declarada en Colombia pero real, se vale todo y se actúa con total desprecio del daño colateral sobre la población civil inerme y cualquier sospechoso de ir contra el establecimiento estatal o los intereses particulares mafiosos recibe tratamiento extrajudicial de sentencia y aplicación de condena a tortura y muerte por parte de todos los actores armados incluyendo paradójica y trágicamente a algunos de los que han jurado defender la honra, vida y bienes de los colombianos.

"Había unos planes generales como el plan tricolor y había otros planes más específicos. El plan tricolor obligaba a la brigada a asumir el control de toda la ciudad…y obviamente, en caso de un asalto a cualquiera de las instalaciones del corazón administrativo de la ciudad, empezando por el Palacio de Nariño, obligaban la ocupación de esa área por parte de las unidades blindadas. Me imagino que actualmente habrá planes similares. Todas estas hipótesis de actuación se mantienen en planes previstos de carácter reservado"[42].

2.8 EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1985 ANTES DEL MEDIO DÍA

Foto No. 10 Rostros de algunos de los insurgentes del M19 que se tomaron el Palacio de Justicia

Fuente: http://35anosdeconflicto.blogspot.com/

Foto No. 11 Mosaico de algunos de los insurgentes del M19 que se tomaron el Palacio de Justicia

Fuente: http://35anosdeconflicto.blogspot.com/

Foto No. 12. Rostros de insurgentes del M19 que se tomaron el Palacio de Justicia

Fuente: http://35anosdeconflicto.blogspot.com/

Horas o minutos antes de la toma, no se sabe con precisión, ese miércoles 6 de noviembre de 1985 de cielo encapotado en Bogotá 7 subversivos, hombres y mujeres habían penetrado al Palacio de Justicia vestidos de civil y portando armas cortas, otras versiones dicen que desarmados, entre ellos se encontraban Alfonso Jacquin e Irma Franco Pineda, preparando la toma armada y tomando posiciones estratégicas, además fueron quienes avisaron por teléfono a Luis Otero que la entrada al Palacio estaba despejada, es decir, sin vigilancia.

Luis Otero se encontraba en una casa del barrio Calvo Sur, ubicada en la Calle 6ª Sur No. 8-42, con el fuerte de la Columna guerrillera que subió a un camión destartalado de trasteos, robado horas antes en la zona de Corabastos, contaban además con una camioneta. Y con un camión más pequeño, los ocupantes de éste nunca entraron en la operación, se trataba de un vehículo que habían comprado días antes. Precisamente en los hombres rezagados se perdió la posibilidad que tenía el grupo subversivo de oponer una efectiva resistencia a la artillería blindada de la fuerza pública. En documentos encontrados por inteligencia militar sobre la estrategia del M19 se puede leer:

"El primer orden combativo es el de marcha de unidades de infantería en movimiento desde el sitio de concentración y aproximación al objetivo. Se desplazaran tres vehículos en los cuales, el primero será la vanguardia donde irá el primer grupo de asalto motorizado, es un vehículo ligero donde viajarán cuatro compañeros con dos metras y dos fusiles. En el segundo vehículo viajarán catorce compañeros al mando general y los medios de explosivos de ingenieros y de intendencia…El tercer vehículo será la retaguardia, en el viajarán diez compañeros"[43].

Aproximadamente entre las 11:30 a 11:40 am del miércoles 6 de Noviembre de 1985, minutos antes de iniciarse la hora acostumbrada de almuerzo por el personal de las oficinas en el centro de Bogotá, un comando guerrillero denominado Iván Marino Ospina realizó la toma armada del Palacio de Justicia, entrando por el sótano de la edificación que colindaba con la calle 12 con carrera 8ª, asesinando a los dos vigilantes de la empresa Cobaseg. El teatro de la operación era en una edificación que ocupaba toda una manzana colindante con el marco norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá a 100 metros del Congreso de la República y de la Casa Presidencial, a escasos metros de la Catedral primada de Colombia, y de la Alcaldía Mayor de Bogotá en una zona caracterizada por ser el corazón político administrativo e histórico de Colombia.

El M19 hizo un asalto armado execrable, tomando rehenes civiles, en una operación denominada de forma paradójica "Antonio Nariño por los derechos del hombre" bajo la dirección de los señores Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales Manga, cuyo objetivo era humillar al Estado colombiano en cabeza del poder judicial, el poder ejecutivo y la fuerza pública dado que se pretendía hacer un juicio público de responsabilidad al entonces presidente Dr. Belisario Antonio Betancur Cuartas por sus posibles incumplimientos en el Proceso de Paz adelantado con el M19.

Juicio que hubiera sido ante todo una sismo mediático por su impacto nacional e internacional pero que al mismo tiempo por sus consecuencias de haberse realizado implicaba ser un juicio viciado por el método violento aplicado en que los jueces son sometidos por la parte que incoa la demanda. Suponía además un efecto radical de cambio en la composición del Estado al pretender supeditar la rama ejecutiva a la rama judicial, sin ser el objetivo dimensionado del eventual juicio político un efectivo golpe de Estado. Imposible de llevar a la práctica y que sólo ha servido de argumento retórico al ex Ministro de Gobierno de la época el Dr. Jaime Castro.

La toma armada de las altas Cortes era evidente que se trataba de una acción intrépida y de desenmascaramiento de la doble moral del gobierno, mostrando a la opinión pública de Colombia y del mundo la necesidad de un cambio de gobierno mediando como efecto indirecto no deseado una caída del presidente Dr. Belisario Betancur a través de un golpe de opinión. Siendo que en la mentalidad de los insurgentes las posibilidades que se abanicaban era la de promover una insurrección popular a escala que diera como resultado un cambio en el mando del poder y en los que manejan los hilos del poder lo cual es ante todo punto de vista un síntoma de realismo político, de visión y estrategia, de haberse quedado rezagados en una visión foquista[44]de la lucha guerrillera, en un narcisismo suicida.

Una idea ingenua había cobrado un crédito inusitado en los líderes insurgentes, que la población civil se uniría al movimiento guerrillero en forma de insubordinación civil, al sentir que tiene un ejército propio que defiende sus intereses frente a un supuesto ejército oficial que sólo defiende un establecimiento que es la expresión de quienes en la sociedad al tener el poder económico han usurpado el poder político y puesto el ordenamiento jurídico a su servicio. Lo cierto es que las gentes no precisamente exponentes populares, más bien clase media, el 7 de noviembre de 1985 después del parte de victoria en la Plaza de Bolívar, salieron espontáneamente a aplaudir, saludar y vitorear a la tropa a lo largo de la ruta por la carrera 7ª hacia el cantón Norte, después de extenuantes horas de tensión, combate y desmanes.

Quienes penetraron ese 6 de Noviembre de 1985 a la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sólo podían terminar muertos, dado el demencial reto al Estado y las fuerzas económicas y políticas reales en Colombia caracterizadas por su actitud reaccionaria. Y en ese sentido la retoma de la Fuerza Pública se orientó para masacrar a los insurgentes y sus eventuales colaboradores aplicándoles la pena de muerte yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente, retomando una construcción civil llena de rehenes, usando vehículos blindados, artillería pesada, más de 2000 efectivos armados. Haciendo detenciones arbitrarias como de las que fueron víctimas los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matzon Ospina, quienes luego de ser interrogados, maltratados físicamente, torturados psicológicamente por miembros del F-2- y del B-2, serían abandonados en la carretera que comunica a la capital con Villavicencio.

La toma del Palacio de Justicia a nivel internacional inaugura sin que se hubieran inventado aún el nombre, la guerra contra el terrorismo en la esfera pública usando como método el terror, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo eso se venía realizando en los países del Cono Sur, pero en Colombia se hizo de frente a los medios, fue la antesala a la colombiana del 11 de septiembre de 2001 que inaugura propiamente la guerra total contra el terrorismo, donde vale todo, hasta la guerra preventiva. Como consecuencia del Holocausto del Palacio de Justicia se comienza a usar el concepto de narcoterrorismo para catalogar a la insurgencia.

El concepto no es solamente un calificativo, implica que no hay posibilidad de reconocerle a la guerrilla estatus de beligerancia. Moral y legalmente inhibe a cualquier gobierno a tener diálogos o acercamientos para una salida negociada del conflicto, impone frente al terrorismo como peligro público que la única salida es el aniquilamiento de los grupos terroristas por medio del uso legítimo de la fuerza y en caso de ser necesario, dadas las tácticas del terrorismo, justifica recurrir al terror para contrarrestar el terror, en una lógica perversa. Es mejor torturar hasta la muerte a 10, 15 o 20 presuntos terroristas para contrarrestar el peligro de un ataque, que esperar a que actúen, porque el saldo de víctimas siempre será mayor. Los que usan el terror para combatir el terror están convencidos que su misión es mesiánica y que cumplen con un deber terrible pero necesario para salvaguardar la sociedad, las instituciones, el orden, es decir, la parte de todo eso que les conviene a ellos y sus familias, porque detrás de todo salvador hay un enorme ego y un interés terrenal y quienes torturan por lo general son psicópatas y sádicos que disfrutan tan penosa labor.

Esa fatídica tarde se escuchó por la radio la voz de uno de los guerrilleros que comandaba la toma, le rapó el teléfono al Dr. Alfonso Reyes Echandía que pedía que -el Presidente de la república finalmente dé la orden de cese al fuego- y vociferó en la antesala de la muerte:

"- ¡Les habla Alfonso Jacquin segundo al mando de éste operativo, el presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte y se va a morir, porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional, es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del Ejército… [Disparos, explosiones y gritos]…es lo increíble, El Ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros, cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo"! -[45].

Esta voz más que una comunicación que salió al aire por la radio Todelar, coincide con la hora aproximada de la incursión al cuarto piso poco más allá de las 4:00pm en pleno atardecer bogotano, grisáceo y frío como suelen ser los de la cordillera de los Andes.

Foto Entrada de vehículo blindado al Palacio de Justicia entre la 1:30 y 2:00 pm del 6 de Noviembre de 1985.

Foto. No. 13 Un tanque tumba la puerta de bronce del Palacio de Justicia

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2721-la-sentencia-contra-el-coronel-plazas-vega.html.

La grabación de las comunicaciones interceptadas por un radioaficionado, en un fragmento de las efectuadas en las horas finales del desenlace luctuoso, resume toda la operación militar de retoma de manera concisa: – "consolidar, apurar, acabar con todo,… que no importa los destrozos que haya que hacer-".

Foto No. 14 La Retoma de la Fuerza Pública

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/secretos-mentiras-embajada-estados-unidos-coronel-plazas-vega/109167-3

EL TIEMPO reprodujo un pequeño aparte de las más de tres horas de instrucciones entre los altos mandos militares. El periodista Manuel Vicente Peña ya lo había hecho y publicado en su libro "Palacio de Justicia. Las dos tomas"[46], la obra de crónica y fuentes de prensa y testimoniales decana de todas las publicaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia. En el libro del Sr. Vicente Peña ya referido aparecen grabaciones que corresponden a comunicaciones desde el 6 de Noviembre en la noche, donde es muy claro que el reducto final en los baños estuvo primero en el baño del cuarto al tercer piso, pero después se pasaron al baño entre el tercer y el segundo piso. Allí se concentraron más personas que huían del voraz incendio, como lo relatan testigos respecto a los inmolados magistrados Manuel Gaona y Carlos Horacio Urán, allí hacía de comandante el menos experto en asuntos militares que tenía el M19, el ex congresista Andrés Almarales Manga.

Estos baños estaban ubicados en la esquina noroccidental del edificio, cerca de la carrera 8va. Allí en el baño entre el tercer y el segundo se hacinó la fracción que quedaba de guerrilleros y rehenes, quiere decir que gran parte de las horas de la retoma estas personas vivieron un verdadero infierno. Fue el sitio hacia donde se hizo la mayor concentración de fuego, uso de explosivos, de cargas dirigidas, de cañonazos.

El ejército y la Fuerza Pública después de tener vencida a la guerrilla y haber aniquilado a los guerrilleros y rehenes del cuarto piso siguieron una operación de aniquilamiento sin mediar la vida de los rehenes y un afán de dar un parte de victoria evitando a toda costa que el poder civil tomara el mando de la operación de retoma.

A las 7 de la noche del primer día de la toma se desplegó un incendio voraz o múltiples incendios, se concentró toda la fuerza letal posible contra esta víctimas ya que todos los otros focos de resistencia a esa hora no existían, lo que confirmaría que los magistrados y los guerrilleros del cuarto piso del ala nororiental probablemente ya estaban muertos a la hora en que el General Víctor Delgado Mallarino dice que habló con el Dr. Reyes Echandía.

Sin embargo hay otras versiones que plantean que los magistrados del 4º piso, incluyendo al presidente de la Corte Dr. Alfonso Reyes Echandía resistieron minutos antes del voraz incendio que se desató después de múltiples explosiones, que dicen muchos de los sobrevivientes se dieron incluso simultáneamente antes o tan sólo un poco después de las 8:00 pm aproximadamente. Existen varios relatos que narran haber visto cómo se usaron una especie de lanzallamas disparados desde el primer y segundo piso por la tropa, ya que desde los primeros minutos de la retoma usando vehículos blindados, la Fuerza Pública dominaba el primer y segundo piso.

La foto No. 15 muestra múltiples incendios en el Palacio de Justicia, desatados en la noche del 6 de Noviembre de 1985, la vista aérea se hace enfocando el costado norte de la edificación desde un edificio cercano, la vía que se observa a la izquierda es el oriente del palacio, la Car. 7ª. Se alcanza apreciar que la zona noroccidental y occidental sobre la Cra. 8ª a la derecha está en penumbra, esa parte estuvo resguardada del incendio, fue la zona de los baños donde se hacinaron las víctimas y los guerrilleros que resistieron hasta el final.

Foto No. 15 Un incendio voraz fue provocado por el Ejército

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1730469/Toma-del-Palacio-de-Justicia-de-Colombia—Hace-23-anos.html

El aparte en cursiva de la pág. 51 corresponde a comunicaciones militares en las acciones de retoma que algunas versiones ponen en juego el 6 de Noviembre de 1985 en las primeras horas de la noche. En el informativo Noticias Uno del 12 de Noviembre de 2007 se presentan como comunicaciones del 7 de noviembre de 1985.

En el libro del periodista Manuel Vicente Peña aparecen en grandes rasgos como comunicaciones del primer día de toma del Palacio en la noche[47]es decir el 6 de Noviembre de 1985. Uno de los aspectos que llama la atención es la posibilidad que incluso las cintas de grabación y sus transcripciones hayan sufrido alguna manipulación o su orden se haya trastocado por un manejo no técnico de las mismas, es de recordar que para la época los equipos de grabación y de reproducción eran rudimentarios, analógicos, sin las facilidades que permiten los archivos digitales y los medios actuales de cronometrar y datar fielmente las grabaciones y que además la fuente principal de tales audios es un radioaficionado, el Sr. Pablo Montaña, sin preparación técnica o profesional en el manejo de equipos y la salvaguarda de este tipo de documentos sonoros en soporte de casete[48]Con toda seguridad las comunicaciones donde se menciona la Cruz Roja empezando por los 4 camilleros que solicitan sean reseñadas sus huellas dactilares pertenecen inequívocamente al contexto de los hechos del 7 de noviembre en las últimas horas de la retoma al Palacio por el ejército.

'Que no paremos en gastos'

Arcano 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII): Acaba de llamar Paladín 6 (general Rafael Samudio, comandante del Ejército), que él nota que la situación se enfrió. Que él necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no los deje descansar. Que él nota que se está enfriando la situación. Cambio…

Arcano 6 (Jesús Armando Arias, comandante de la Brigada XIII del Ejército): Erre. Cambio. Bueno esa apreciación es externa a la situación, pero aquí se está tratando de reducir, de reducir a los grupos que están en los pisos segundo, tercero y cuarto a un reducto ya final, a un reducto ya final, con el objeto de causarles la baja ya en ese sector e impedir mayores destrozos y todavía hay personal ajeno a la situación que todavía está acá. Siga…

Arcano 5: Erre. Sí. Paladín dice que le preocupa esa situación de que no nos pongamos a pararnos en gastos y municiones o destrozos que haya que ocasionar, pero que quiere que haya acción. Cambio…

Arcano 5: Arcano 5 de Arcano 2. Cambio.

Arcano 2 (coronel Edilberto Sánchez, jefe de inteligencia de la Brigada XIII): Siga Arcano 2 para 5.

Arcano 5: Para que se informe a las unidades que los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía a fin de poder evacuar el edificio. Cambio…

Arcano 2: Está QSL, ¿Usted está identificando al personal que están evacuando?, cambio…

Arcano 5: Recibido de QSL, ya mandamos a 12 individuos a la polinal para que le hagan la correspondiente y posteriormente los lleven a ese QTH (Escuela de Caballería). Cambio…

Acero 6 (coronel Rafael Hernández López) a Arcano 5: Se está informando a Arcano 2 que dentro del personal que están evacuando ustedes, o con ese personal se ha logrado establecer que les están quitando la ropa de civil las basuras (guerrilleros), para posteriormente salir ellos también como evacuados…

Acero 6 a Arcano 5: Recibo Arcano 5, aquí Acero 6, cambio.

Arcano 5 a Arcano 6. Las entrevistas que está desarrollando Arcano 2 han podido constatar que las basuras están quitándole la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para poder salir como evacuados. Cambio.

Arcano 6: QSL. Todo ese personal se está concentrando para efectos de verificación. Es la función que tiene Arcano 2, Siga.

Afirmativa. Es él el que está informando lo que ha detectado. Cambio.

Arcano 2 (Edilberto Sánchez): Información de Paladín (Rafael Samudio), reseñar, tomar las huellas de los cuatro camilleros, cambio. QSL, siga. Esto porque el grupo ese han pensado cambiar de vestido para salir ellos QSL. Cambio…

Arcano 6 de Paladín 6: Siga.

Siga Paladín 6: Erre, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja por Consiguiente estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor apurar y consolidar. Acabar con todo y consolidar el objetivo.

Arcano 6 de Arcano 5. Quiere Paladín que se dilate un poquitico el acceso de Jaime Martínez (Cruz Roja) que lo ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con el Ejército.

Paladín 6 de Coraje 6 (general Miguel Vega Uribe, ministro de defensa): Mire, aquí recibo un informe de muy buena fuente, después le digo cuál, que los guerrilleros que habían entrado eran 40.

Paladín 6: Erre. QSL.

Coraje 6: Que los guerrilleros que habían entrado eran 40.

Paladín 6: Erre. Sí, lo escucho. Siga…

Coraje 6: Entonces, espero que le sirva ese dato.

Paladín 6: Erre. Correcto, sí señor. Vamos a mirar ahora y a comprobar todo y a hacer el balance. Siga…

Coraje 6: Sí. Que entre los que salen de retenidos no se nos vayan a mezclar.

Paladín 6: Inclusive tenemos una información de que (Luis) Otero (sub comandante del grupo de guerrilleros que se tomó el Palacio) se nos salió con la cédula de un muerto. Que (Andrés) Almarales (jefe del grupo de guerrilleros) está herido y que lo llevaron a una unidad de P.M. (Policía Militar). En fin, estamos en eso.

Arcano 2 reporta a Arcano 5: Únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal. Cambio.

Arcano 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco. Cambio…

Arcano 2: Recibido QSL[49]

Las vidas humanas que allí se perdieron y que a consecuencia del hecho se vieron afectadas o se han venido perdiendo cuentan mucho más del centenar mal contado de la verdad oficial, probablemente nunca se sepa exactamente cuántas personas murieron en el fuego de la batalla ni cuantas más horas, días, meses y años después a razón de testigos que han sido amenazados, amedrentados, heridos, muertos y otros desaparecidos de los que nadie habla y es prohibido hacerlo. Una probable causa del homicidio perpetrado contra el abogado de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza el 18 de Abril de 1998 fue su compromiso de defender los derechos humanos asumiendo la causa de exigir justicia por las victimas inmoladas, por las sobrevivientes del Palacio de Justicia y en particular asumir la causa de los familiares de los desaparecidos de la cafetería.

"Eduardo siempre luchó contra el Estado que se sustenta en la ignominia, la guerra sucia, el terror, el hambre, la pobreza, la corrupción y la exclusión de las grandes mayorías. Ese, y sólo ese Estado es el responsable de su muerte, así como de la de innumerables luchadores populares"[50].

Probablemente los empleados de la cafetería se refugiaron en las mismas instalaciones donde trabajaban, fue una estructura que no se vio mayormente afectada, allí fueron capturados por la Fuerza Pública que les aplicó el protocolo de inteligencia militar previsto para tales fines que a grandes rasgos consistía en:

"El operativo del Palacio de Justicia se adelantó con base en el Manual de Inteligencia de Combate (M.I.C.), y que en su desarrollo, a los rehenes que iban siendo liberados se les aplicaban dichos procedimientos, entre los que evidencia: a) uso de personal especializado –criptógrafos – ; b) varios sobrevivientes fueron sujetos a "interrogatorios iniciales", siendo tratados como prisioneros de guerra, usándoseles para generar información de inteligencia; c) concluye que no solamente los S2 y el B2 hacían inteligencia, si no que esa labor también era realizada por tropas como "las unidades de caballería blindada", entre quienes se encuentran: el comandante de Compañía y el Oficial Ejecutivo, entre otros; d) se les separó por sexos y se estableció una selección de aquellos que podían "suministrar información de interés"; e) con posterioridad al operativo, algunas unidades elaboraron informes de inteligencia, y finalmente se desconocieron las directrices sobre el manejo de la información, puesto que "…solamente el Comandante de la Brigada puede suministrar informaciones a la prensa o a la radio, guardando las normas establecidas sobre reserva y secreto, sin extenderse en comentarios o declaraciones…"[51].

No es verosímil pensar que los empleados de la cafetería fueron subidos a otros pisos por ninguno de los bandos enfrentados porque en un recinto cerrado donde hay fuego cruzado ese tipo de maniobra no tiene ningún sentido, además muy probablemente la cafetería fue el primer teatro de tortura dado que los militares de inteligencia tenían una misión con los que iban descubriendo o salían hacia el centro de mando avanzado en la Casa Museo del 20 de Julio, trabajar a los especiales sospechosos para que informaran cuantos hombres y mujeres insurgentes se habían tomado el edificio, que armas tenían, si había apoyo externo, donde estaba su escondite en la ciudad, que otros planes o maniobras estaban concebidos por el M19, por lo que estos empleados asumidos gratuitamente por una discriminación socioeconómica como auxiliadores de la guerrilla fueron las primeras víctimas porque cundió la idea paranoide que ese grupo guerrillero no pudo haberse tomado el Palacio sin ayuda y que por la cafetería fue el lugar propicio para entrar al edificio armas y pertrechos que escondieron junto a otro tipo de abastecimiento, como agua por ejemplo, para no consumir la de los grifos que podía ser cortada, envenenada o drogada.

Incluso cundió una idea desvirtuada judicialmente de que se habían almacenado alimentos, como los famosos 1500 pollos, para sustentar por lo menos 100 personas durante varias semanas, lo cual a todas luces era imposible dado que la cafetería del Palacio de Justicia no contaba con cuarto frío ni suficientes refrigeradores para hacer eso, pero sin conocer la realidad los medios de comunicación de la época iban difundiendo todo tipo de ideas, comentarios, especulaciones, que incluso nacían desde la misma Fuerza Pública con un propósito, desinformar a la "opinión pública" e ir creando una atmosfera de rechazo en la sociedad sobre los empleados de la cafetería para desestimar el interés de saber qué fue los que les pasó o pudo haberles sucedido en semejante catástrofe.

La idea era crear un manto de sospecha, proponer que incluso habían coparticipado activamente en la operación, sólo que cuando se fue conociendo la verdad de los hechos y quienes eran estas personas, hombres y mujeres humildes, por lo menos una de ellas en embarazo, otras con hijos que dependían de su trabajo, no fue posible seguir sosteniendo las infamias que se habían tejido para incluso después de su tortura, muerte y desaparición volver a matar a estas personas en su honra y en su memoria, diciendo que tal vez no habían desaparecido si no que se habían reincorporado a su vida subversiva en el M19 , o cuando se inició nuevamente un proceso de paz en 1989 con éste grupo, entonces se dijo, que habían vuelto a ser parte de otros movimientos guerrilleros, que probablemente habían logrado escapar como la otra guerrillera partícipe de la toma Clara Elena Enciso, y ya se encontraban en el monte realizando sus actividades criminales habituales con la guerrilla.

Incluso se habló de militantes del M19 reconocidos como la antropóloga Vera Grabe Loewenherz, de la cual se dijo que era una, entre otros y otras sobrevivientes de la toma del Palacio que habían logrado escapar por el sistema de alcantarillado. Cualquiera que conozca ese séptico y eventual medio de fuga, sabrá que es imposible, dado el escaso mantenimiento al sistema de drenaje en Bogotá y que éste no está soportado sobre grandes socavones y recámaras, en muchos trechos escasamente pasaría una rata, no un grupo de personas. Por otra parte los guerrilleros que quedaron vivos en los momentos finales estaban atrapados en un baño del entrepiso entre el segundo y el tercer piso, rodeados por un millar de efectivos de la Fuerza Pública, sin munición ni posibilidades de bajar al sótano donde estaban los ductos de drenaje hacia el exterior.

Foto No. 16 Museo del 20 de Julio convertido en comando avanzado y central de inteligencia

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia

• EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1985 LA OPERACIÓN RASTRILLO

Hubo con la puesta en marcha en las primeras horas del jueves 7 de noviembre de 1985, en la fría y húmeda madrugada bogotana, una consolidación de ese exceso de fuerza y desprecio por la vida que había sido característico las horas anteriores con el que se buscaba desesperadamente aniquilar a los pocos sobrevivientes de la columna guerrillera por parte de los militares. Se quería hacerlo antes de que el gobierno civil claudicara en la solución militar y pasara a un terreno de diálogo, respecto a lo cual en esos momentos, en los días posteriores, y pasados más de 27 años se ha mantenido una especie de analítica discursiva amañada para justificar la omisión cómplice del poder ejecutivo en permitir la acción militar desmedida.

Se trata de la vacua distinción semántica entre dialogar sin negociación por el Estado y la exigencia de la guerrilla de negociar a toda costa. Donde el Estado permitió el Holocausto antes que entrar a cumplir las exigencias de los subversivos. Y donde los subversivos se sacrificaron y con ellos a sus rehenes por el pensamiento obcecado de que -el EME no se rendía-.

Según los protocolos internacionales considerados por todos los ejércitos y policías del mundo en un ataque terrorista donde hay rehenes civiles de por medio la salida debe ser negociada para salvaguardar la vida de los rehenes, usando una estrategia de desgaste psicológico contra los asaltantes que al ser rodeados pasan de haber tenido la iniciativa en la acción a convertirse en cautivos o rehenes de la misma. Y por lo tanto están impelidos a negociar sin la ventaja de la sorpresa inicial, no hay protocolo de tratamiento de toma armada con rehenes que exponga que se debe entrar con vehículos blindados, usar artillería pesada, emplear material explosivo y establecer un indiscriminado intercambio de disparos sin mediar la vida de las personas cautivas.

Llevar a la desesperación a los asaltantes puede desembocar en que ellos maten a los rehenes, en el caso descrito según muchos testimonios, los guerrilleros contuvieron hasta donde pudieron a la fuerza pública y asumieron en muchos momentos la actitud de defenderse y defender incluso a los rehenes de un asalto final como el que se dio y sirvió de fatal desenlace. Ahora bien, los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia cometieron una acto criminal demencial, no fueron unos santos o personas que hoy se deba defender a ultranza en contra de los miembros de la Fuerza Pública ni debe crearse la imagen maniquea de que los subversivos eran los buenos y el ejército los malos, todos los actores armados en ese momento violaron los Derechos Humanos de la población civil inmersa en el conflicto y fueron responsables de la tragedia que se desató.

Todo lo descrito desde el inicio de la toma llega a un estado de resolución trágico con lo que aconteció el 7 de Noviembre de 1985 en la noche de esa madrugada, eran las últimas 12 horas de la retoma, cuando entre las 2:00 am y las 3:00 am aproximadamente se disparó un proyectil de 90 mm o algo similar contra la edificación que claramente impactó la fachada frontal del edificio y del cual se dijo con mucha posterioridad y desparpajo asombroso que había sido usado por fines humanitarios, con el propósito de abrir un boquete por donde saliera el humo que ahogaba a quienes estaban prisioneros en una trampa mortal.

El uso de una fuerza desmedida con fuego letal sin mediar la vida y seguridad de los rehenes constituye el más flagrante delito de lesa humanidad por ser cometido por miembros de la Fuerza Pública obrando en representación del Estado republicano y bajo el sofisma de defender las instituciones. Cuando en una sociedad las instituciones valen más que la vida humana se está entonces ante el fenómeno que las instituciones económicas, jurídicas, políticas y culturales pueden arrasar dentro de una lógica de puro darwinismo social. Ellas son usadas estratégicamente por quienes administran las diferencias e intereses clasistas, por ende ante el ordenamiento jurídico y el Estado empiezan a haber ciudadanos de primer orden y gentes sin reconocimiento, se dan privilegios y ventajas, se crea un sistema que favorece a unos y desprecia e ignora a los otros que son las mayorías sin patrimonio real, abolengos, prestigio, acreditación educativa, ni poder.

Eso que el líder Jorge Eliécer Gaitán asesinado el 9 de abril de 1948 por quienes él mismo llamara el país político en contradicción al país nacional, y que él denunciaba como constituyente de la plutocracia acérrima que decidía y aún decide sobre la vida y la muerte, al igual vende los recursos naturales especula con la fuerza de trabajo humano creando leyes que lesionan los derechos adquiridos de los trabajadores, flexibilizan las obligaciones laborales de los empleadores, crean el marco funcional de las maquilas y por ende de la explotación. Ahí, esa funesta madrugada del 7 de noviembre de 1985 estaban los sobrevivientes siendo blanco del "fuego amigo" de los defensores de las instituciones, paradoja a la colombiana, arrasar con la cúpula de la rama judicial con el argumento de "-defender la democracia maestro-"

Foto No. 17 Disparo de proyectil desde uno de los tanques Cascabel

Fuente: Documental 28 horas Bajo el Fuego Señal Colombia

Foto No. 18 Frente del Palacio de Justicia impactado por proyectil tipo obús

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/IMAGEN/IMAGEN-10920603-2.jpg

Y a las 6 am o un poco antes del último día se dio inicio a la operación rastrillo de fuerza letal. Sobre las 8:00 am y toda la mañana hasta los minutos finales de la toma después de las 2:00 pm siguieron los actos del desenlace de conocimiento público que paralelo a las argucias empleadas para dilatar la entrada del Dr. Carlos Martínez Sáenz de la Cruz Roja, un personaje pusilánime que se dejó embaucar por el aparato castrense. Se hizo todo lo que pudieron los militares para destruir la estructura que protegía el baño donde se refugiaban rehenes y guerrilleros. La arremetida de los militares y demora de la Cruz Roja tuvo sólo un propósito llevar el reducto final de insurgentes y rehenes convertidos en eventuales testigos de los desmanes del ejército a su aniquilación a lo que se suma la necesidad de cada fuerza y organismo de la fuerza pública interviniente de dar su propio parte de resultados en una antesala fatídica de los falsos positivos[52]para dar resultados y obtener méritos, condecoraciones, incentivos como ascensos, lo que desembocó en la aprehensión ilegal, tortura, muerte y desaparición de los empleados de la cafetería.

En ese baño de la muerte estuvieron más de 60 personas, todas hacinadas, intoxicadas de humo y gases lacrimógenos, en condiciones de higiene indignas para seres humanos, ensangrentadas, algunas heridas, cansadas, con hambre y sed, aterradas, oliendo a humo y a cadáver, apretujadas en un lugar reducido convertido en teatro del horror y blanco de los artilleros oficiales, arremetiendo con todo sin importar la vida de los civiles ajenos al conflicto, violando el DIH, la Constitución vigente y la ley. De los 8 guerrilleros tres estaban fuera de combate, heridos de muerte, el líder Andrés Almarales no combatía y cuatro sostenían con la munición casi agotada la defensa del reducto ante la inminencia de un ataque arrasador y letal, de esos cuatro insurgentes, dos eran mujeres, Clara Elena Inciso e Irma Franco Pineda que se turnaban para cargar el armamento que todavía se podía usar acorde con la munición disponible.

Cuando se perforó por los ingenieros artilleros después de ingentes esfuerzos una de las paredes del baño, por un boquete abierto, insuficiente para pasar hombres, los soldados metían los cañones de sus fusiles y ametralladoras y disparaban sin blanco fijo hacia el interior del baño de manera desproporcionada, en ráfagas, arrojaron granadas de fragmentación, sin que mediara la vida de los civiles, sus voces de angustia, sus lamentos de dolor, con un propósito de aniquilamiento total, definido desde el alto mando militar responsable de la retoma. A la salida de los últimos rehenes en la confusión del momento final a manos de balas cruzadas de la guerrilla y del ejército o de una sola de las fuerzas enfrentadas, no se puede precisar, caen heridos de muerte magistrados como Manuel Gaona Cruz y algunos otros rehenes.

Una de las versiones posibles con mayor credibilidad procesal es que los pocos guerrilleros que habían hecho resistencia para que el reducto del baño no fuera penetrado se habían quedado sin munición, por lo tanto un fuego cruzado hubiera sido imposible, por otra parte existen testimonios contradictorios, una de las versiones apoyada por exámenes periciales es que toda la bala que llegó al baño vino de afuera hacia adentro, hay testigos que dicen ver como algunos rehenes fueron ajusticiados por la guerrilla y otros que afirman que la guerrilla no mató rehenes y que el Comandante Almarales dijo que había jugado sus cartas, tal vez remitiéndose a la liberación horas antes del Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas para que llevara un mensaje al Presidente de la República y parara la masacre, en todo caso se dice que Almarales dijo en el minuto final, que habiendo jugado sus cartas había perdido y dio orden de que las mujeres, los heridos, los rehenes salieran y se quedó con los escasos guerrilleros que lo acompañaban a esperar la muerte, pero en ese acto estoico y humanitario había permitido que Irma Franco y Clara Elena Enciso salieran con el grupo de los rehenes liberados, en un último intento para que salvaran la vida y fueran voz testimonial de lo que había pasado allí.

Una vez logran salir de baño los civiles bajan con las manos en alto y pasan a disposición de los organismos de inteligencia, Por eso algunos irán inexorablemente hacia las salas improvisadas o acondicionadas de tortura de las brigadas militares. En el baño se da el ajusticiamiento de los guerrilleros sobrevivientes, entre ellos el Comandante Andrés Almarales Manga. Vale anotar que es el momento en que logran salir con vida del edificio Irma Franco Pineda asociada al M19 y la confesa guerrillera Clara Helena Inciso, la única persona que sobrevivió del M19 a la Toma del Palacio de Justicia y que dio su testimonio para que Olga Behar escribiera el libro "Noches de Humo". Y dado el desenlace de muerte, se inicia todo el proceso de limpieza y desaparición de las pruebas, además que los militares nunca proporcionaron sus armas para hacer cotejo de balística, lo encontrado en las pruebas periciales respecto al armamento atribuido y reconocido al M19 es que hubo víctimas que tenían disparos de bala que no correspondieron a las armas que usó la guerrilla del M19.

2.10 LA SÍNTESIS DE LA PRENSA INTERNACIONAL SOBRE LOS HECHOS

"Los hechos iniciales de aquella ocupación son conocidos. Sólo ahora comienzan a darse a la publicidad detalles posteriores, nuevos, aportados por sobrevivientes, como el magistrado de la pierna de madera. Toda la operación era un delirio que no podía tener otro objetivo que la negociación con el Gobierno después de haberle dado tan espectacular bofetada. En un documento de 30 folios y con la armas en la mano, el M-19 pretendía ejercer el derecho de petición sobre los magistrados de la República para que éstos enjuiciaran al presidente Betancur por conducta dolosa para el país, al haber firmado con las guerrillas unos acuerdos de paz que no pensaba cumplir ni ejecutar.

Los pobres jueces y magistrados no tuvieron tiempo ni posibilidades de considerar la insólita petición o de rechazarla modestamente aunque sólo fuera por defecto de forma: dos horas después de la toma del Palacio llegaba a la Plaza Bolívar el primer tanque. La compañía guerrillera, según los testimonios de los pocos que pueden hacerlos, se comportó con cortesía y hasta elegancia, dentro de la cortesía y la elegancia que pueda ser atribuibles a quienes toman rehenes; pero hasta en la violencia política cabe la gracia.

Impedidos, por supuesto, de abandonar el palacio, no tuvieron jueces y magistrados ninguna sensación intelectual de que la compañía guerrillera tuviera la menor intención de ejecutarles. Sí tuvieron desde el comienzo de la pesadilla la seguridad de que el M-19, tras la espectacularidad publicitaria de su golpe de mano sólo buscaba alguna negociación. El comandante Andrés Almarales, casi vestido para una parada, con maneras refinadas tranquilizaba a los rehenes, buscaba su mejor ubicación en baños interiores para liberarles del fuego que pronto comenzó a entrar por los grandes ventanales verticales de las fachadas: fuego de cañón y cohetería.

Todos los esfuerzos de los jefes guerrilleros se orientaron a entablar un contacto, por mínimo y frágil que fuera, con un representante de un Gobierno que llevaba tres años negociándolo todo incluso bajo presión armada. No pudo negociarse ni una posibilidad de rendición o incluso de salida de los rehenes con las tropas que cercaban el Palacio.

El general Vega, ministro de Defensa, y el general Cabrales, comandante de la 13ª Brigada de Infantería acantonada en Bogotá, decidieron proceder a un holocausto al que no pudo oponerse el presidente Betancur, ya debilitado por el fracaso parcial de su política de pacificación nacional y la proximidad del fin de su mandato electoral. El Ejército, humillado y ofendido por los acuerdos de paz, estimando que el Gobierno daba así un triunfo moral político al guerrillerismo, viendo que las columnas insurgentes ni siquiera se veían obligadas a entregar sus armas de inmediato y que devenían así en fuerzas militares y regulares en alguna manera legalizadas, frustrado por la inutilidad de sus esfuerzos estratégicos y hasta tácticos, se cobró todos sus recibos atrasados en el Palacio de Justicia de Bogotá.

Desprecio de los rehenes

No dieron cuartel ni albergaron la menor preocupación por preservar la vida de los rehenes. Podría afirmarse, dentro de la imprecisión de un combate de estas características, que todas las víctimas inocentes de aquellas 28 horas de pesadilla lo fueron bajo el fuego indiscriminado y a discreción de las tropas. El propio magistrado Humberto Murcia resultó seriamente herido, y esta vez no en la pierna de madera, cuando los soldados volaron parte de la pared de un gran lavabo público donde los guerrilleros habían refugiado a parte de los rehenes, arrojaron granadas por los boquetes y barrieron los suelos cubiertos de cuerpos con fuego de ametralladora. Allí, el magistrado vio morir abyectamente a la mayoría de sus compañeros y, aprovechando sus heridas visibles y la ausencia de una de sus piernas, fingió su propia muerte para evitar ser rematado.

La antaño gran Prensa colombiana, también destruida por la corrupción y el mangoneo bipartidista, puso sordina a estos hechos y hasta a la indignación de los familiares de las víctimas.

Al día siguiente, había 100 cadáveres en la morgue bogotana, todos del Palacio de Justicia, algunos de los cuales aún no han podido ser identificados.